Lo que Basilea II representa para los bancos, el proyecto de Solvencia II lo es para las entidades aseguradoras. Solvencia II es el macro proyecto iniciado en el seno de la Unión Europea, cuya implantación está prevista para el 2013 y que se basa en tres pilares fundamentales: constituir reservas financieras de acuerdo con el nivel real de riesgo asumido por las aseguradoras, comunicar la información al mercado y al supervisor, y que tanto éste, como las aseguradoras sean capaces de prever y evaluar las situaciones de crisis.
Estos tres pilares se resumen de esta forma:
Pilar I: Medida de recursos propios: activos, pasivos y capital. Proporcionar recursos propios al nivel del riesgo al cual se encuentre realmente expuesta la Aseguradora.
Pilar II: Proceso de Supervisión. Desarrollo de sistemas propios de medición de riesgos y control de gestión, que permitan evaluar con precisión los riesgos facilitando la asignación de los recursos propios necesarios.
Pilar III: Requerimientos de transparencia mediante la divulgación de información al mercado. La información sobre aspectos como los niveles de recursos propios, riesgos y mecanismos de control habrán de estar disponibles en el mercado con el objetivo de ofrecer la máxima transparencia.
En el desarrollo de Solvencia II están implicadas la práctica totalidad de las instituciones y organizaciones actuantes, directa o indirectamente, en la industria aseguradora, como ocurre en España con la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), el Icac, Unespa, la Confederación de Entidades de Previsión Social, el Instituto de Actuarios e Icea.
Se prevé que con la llegada de Solvencia II el sector asegurador deberá incorporar los riesgos en todos sus cálculos, para ello este proyecto se basa sin duda en la experiencia de Basilea II y en las aportaciones que se deriven de las NIC. En esta línea, uno de los objetivos prioritarios es que las aseguradoras resulten mucho más eficientes y, que a su vez, estén mucho más protegidas.
Varios expertos coinciden en que las nuevas exigencias de capital que supone la directiva de Solvencia II propiciarán concentraciones entre aseguradoras, como consecuencia de una mayor competencia en el sector. Los nuevos requisitos de capital al no ser ya homogéneos, dependerán de la actividad y/o de la diversificación geográfica de cada compañía. Aquellas compañías que puedan operar con menor capital, tendrán menos gastos para poner en el mercado un nuevo producto. Por contra, aquellas aseguradoras pequeñas y concentradas en una zona geográfica muy reducida, lo tendrán más difícil para adaptarse a los cambios que supondrá Solvencia II, dado que no podrán beneficiarse de los efectos positivos de la diversificación.
Dichas novedades repercutirán en fusiones y/o adquisiones -algo que veremos sobre todo en mutuas-, la preocupación existente en la creación de modelos internos para algunos riesgos –modelos ERM- y el desincentivo a la participación de banco en aseguradora, y viceversa
Ante la inminente implementación de Solvencia II y las crecientes expectativas entre las agencias de calificación, estas están impulsando a las compañías a incrementar sus modelos ERM.
Esta relación directa entre riesgo y requisitos de capital tiene consecuencias importantes en la organización de las aseguradoras, incluyendo: diseño de productos, tarificación, cobertura y reaseguro. En este contexto, existe la posibilidad de que las compañías realicen sus propios modelos de riesgo internos a efectos de regulación, proporcionando una ventaja competitiva mediante una medición y gestión del riesgo más a su medida.
Según la sexta encuesta bianual sobre Gestión Integral del Riesgo (ERM) en el sector asegurador europeo realizada por Towers Watson, la preparación para el modelo interno es una preocupación para las aseguradoras, ya que el 10% de los encuestados, cree que sus modelos actualmente no pasarían los requisitos de aprobación.
Realmente la creación de modelos internos de riesgo, será uno de los mayores retos a los que se enfrentan las aseguradoras, y ya se están poniendo en práctica procesos formalizados para que los supervisores evalúen y aprueben dichos modelos internos antes del inicio de Solvencia II.
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